DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Quienes gestionan las políticas públicas en materia educativa han de ocuparse de algo muy delicado y valioso: nuestros hijos e hijas, desde los 0 años hasta que acaban los estudios universitarios o de Formación Profesional. Es la Consejería más importante de todas las que tienen las autonomías españolas. Afecta a la mayoría de la población, especialmente si tenemos en cuenta al profesorado y personal de servicios en los centros educativos, por no hablar de las familias del alumnado cuyas vidas son condicionadas en buena parte por el curso escolar y sus características de cada etapa.
Los partidos políticos deben saber que a quien designen para el cargo público de esta Consejería ha de ser una persona diligente, dialogante y comprometida con el servicio público sin ninguna duda. Ha de practicar la ética profesional pública.
Como hace mucho tiempo que las Comunidades Autónomas no consideran importante la Educación ponen a cualquiera al frente de la misma durante años y años, de hecho, es más que evidente el deterioro que sufre prácticamente en todo el territorio nacional.
En este momento de la historia democrática española la inversión en Educación es muy deficitaria. Las Leyes exigen competencias al profesorado, personal de servicios y otros agentes públicos para las que no les dotan de recursos. La diversidad es una realidad innegable, a muchas escalas, ya sea motora, intelectual, social o emocional, y requiere medios y profesionales capaces, espacios y tiempos adecuados.
Gestionar hoy la educación pública ha de ser prioritario, está en juego la salud democrática de la ciudadanía, su bienestar, su calidad de vida actual y futura. No puede encargarse cualquiera de esta valiosísima tarea.
La Universidad pública española tiene como objetivos laborales hacer crecer el progreso social y personal, contribuir a la investigación y desarrollo de la cultura, la ciencia y los avances al ritmo adecuado y oportuno. España no se puede quedar atrás, la Universidad es un elemento clave en la ejecución de los valores democráticos de todo el país, en el buen uso del conocimiento y la innovación.
Los partidos políticos responsables de distribuir nuestros impuestos, si no quieren administrar lo público, deben delegar sus funciones para que lo hagan personas a la altura del reto que supone educar a la sociedad entera. No deben destinar dinero a la privada estando en la administración pública. Esto ha de ser sancionado, castigado e impedido.
En el IES en el que trabajo desde hace más de 20 años no tenemos personal de mantenimiento porque la persona que había está enferma, ni dinero para la calefacción ni la refrigeración, cuando un compañero se casa nadie le sustituye y cuando enfermamos tardan en llegar. Nuestro alumnado es actual, obviamente, diverso, con necesidades que no podemos cubrir, ni siquiera en cuanto al espacio. No cumplimos ni con las normas mínimas de accesibilidad al propio centro. Por supuesto tenemos barracones desde hace décadas. Mi centro está en Cuenca ciudad, mi comunidad autónoma no está gobernada por el PP de Ayuso o Pérez Llorca sino por el PSOE de Page. Solo hay pequeñas diferencias entre comunidades autónomas, pero una de ellas es fundamental, se trata del respeto al cargo que se ostenta y por el que se está cobrando.
La Comunidad de Madrid maltrata tanto a la educación pública que su máxima responsable ni siquiera escucha a sus funcionarios/as. Esta actitud también debería estar penalizada por dejación de funciones.
¡¡TODO MI APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA EN TODOS LOS TERRITORIOS!!
