NUEVA LEY DEL ABORTO
Ojalá todas las personas de entre 16 y 18 años en España contaran con el apoyo de sus familias, con la atención de sus instituciones y con la profesionalidad de sus servicios públicos. Ojalá la cultura imperante escuchara a estas personas, les tomaran en serio y las tuvieran en cuenta a la hora de organizar y fomentar una sociedad mejor.
El caso es que hay realidades bien contraria a mis deseos.
Trabajo con adolescentes desde hace veinticinco años y suelen quejarse de lo poco atendidos que están en sus entornos cercanos, a veces el de sus propias familias. De hecho apenas denuncian los abusos que sufren porque están convencidos de que nadie hará nada, de que ni siquiera les creerán. Se sienten invisibles, y ninguneados por los mayores y por las instituciones públicas que afectan a sus vidas. Rara vez plantean acciones reivindicativas lo que demuestra que se sienten impotentes y prefieren dedicar sus energías a otras cosas. Podemos analizar las estadísticas oficiales en esas edades, siempre insuficientes, sobre acosos, trastornos alimenticios, suicidios, violaciones en grupo, abusos, homofobias, racismos, malos tratos, ansiedad, baja autoestima y otros comportamientos contrarios a vivir una vida digna y a crecer con salud física y psíquica. También hay ONGs dedicadas a atender las demandas de menores, ya sea con servicios telefónicos o presenciales, que cuentan con estadísticas y se pueden consultar.
La frustración asoma tras la mascarilla y ahora en pleno rostro.
Disponer de derechos es bueno y además necesario. Saber que el Estado tiene la obligación de atender a la ciudadanía supone una circunstancia favorable para la seguridad e integridad individual y colectiva. Sería deseable que cada persona pudiera acudir a la administración pública, a sus servicios, cuando los necesitara sin ningún tipo de impedimento ni cuestionamiento más allá de tener la necesidad. De hecho es lo que la mayoría de adultos hacemos con la sanidad, la educación, las comunicaciones, la seguridad y demás servicios públicos y garantías del estado social y de derecho que es nuestra democracia, en la que no deben prevalecer unos derechos individuales sobre otros, así que legalmente se compatibiliza la objeción de conciencia con la elección a ser madre.
Poco a poco se van consensuando acuerdos para vivir mejor, lo contrario sería inmoral y antidemocrático. Cada asunto que se aprueba no tiene por qué afectar a toda la población, basta con que le afecte a un colectivo para poder ser. Cada día aparecen cuestiones nuevas, algunas imprevistas, que exigen toma de decisiones por parte de las autoridades, cualquiera puede pensar en filomena o en el maldito coronavirus y las consecuencias que han supuesto y siguen suponiendo estos hechos.
Desde hace casi veinte años la mayoría de edad sanitaria en España es a los 16 años.
Ojalá que el derecho a la maternidad sea eso, un derecho y nunca una obligación, tengas la edad que tengas, por lo que en la salud reproductiva debe estar la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, y ojalá nuestro Estado democrático tome todas las medidas necesarias para garantizarlo en todo el territorio nacional en aras a garantizar la igualdad y la seguridad ciudadana. Sin más. Otra cosa es escudarse tras un concepto religioso de vida o una versión antifeminista del feminismo, pero como eso es otra cosa y nada tiene que ver con derechos sino con patriarcado no merece la pena aquí.
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