PANCARTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN VALENCIA
La clase política no se manifiesta porque sufre la pérdida de una mujer asesinada por su pareja o expareja, no, quien sufre ese inmenso dolor es la familia y amistades de la víctima. La clase política se manifiesta tras una pancarta y una declaración de condena porque es política, porque la violencia que se ejerce contra las mujeres es una cuestión social, cultural, por lo tanto política, es algo que se recorre las entrañas de nuestros valores, religiosos, morales, personales, es decir políticos. El machismo asesino está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, por supuesto en las cabezas y manos de los asesinos, pero también en las bocas de quienes lo niegan y ante un micrófono escupen mentiras tras mentiras constantemente. La violencia de género existe y es política.
La clase política cobra un suculento sueldo, pagado por toda la ciudadanía, por organizar de la mejor manera posible las vidas de la gente, por garantizar sus derechos, su seguridad, sus oportunidades y especialmente por velar por la dignidad de todas y cada una de las personas que convivimos en el mismo espacio y tiempo, que compartimos ocio, trabajo, estudios, en cada pueblo y ciudad.
No, los políticos no están donde están para sufrir por las víctimas de violencia de género, están para evitar que se produzcan más, para poner todos los medios en conseguir este objetivo fundamental en democracia. Es su deber y si no lo acatan deben retirarse por incompetentes.
La solidaridad y empatía son emociones tan humanas que no corresponden a ninguna ideología, las tenemos por ser personas, las cultivamos sin esfuerzo, las promovemos por el bienestar que generan, por la consecuencias positivas que conllevan, porque así somos y vivimos mejor. Todos hemos sido objeto de ayuda alguna vez y hemos ayudado a alguien alguna vez, lo sabemos, lo hacemos.
Las denuncias, los recursos, las pancartas, los decretos, las leyes, los anuncios, la justicia, la policía, los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad, todo esto hay que crearlo, hay que decidirlo, votarlo y ejercerlo. Esto es política y sus responsables lo saben, por eso se ponen detrás de una pancarta que manifiesta estar en contra de lo que hace daño, de lo que maltrata, de lo que asesina, de lo que no conviene, de lo indeseable, de lo que corrompe, de lo que deshumaniza y nos hace peores, se manifiestan en contra de la violencia de género.
Han sido muchos años portando una pancarta que decía CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, TOLERANCIA CERO, cada lunes en Plaza de España, en Cuenca, donde un hombre con su escopeta de caza asesinó a su expareja. Han sido muchos comunicados denunciando hechos como este cada semana en nuestro país (a veces tres y cuatro mujeres eran asesinadas en una semana), muchas las veces que no me salía la voz al leerlos porque la emoción me agarrotaba la garganta, mucha la rabia contenida, la impotencia, el cabreo, la indignación, pero en calidad de política, de representante pública, de ser parte de un partido político democrático, daba la cara detrás de la pancarta porque yo era el mensaje y me comprometía ese mensaje, me interpelaba ese mensaje, tenía que posicionarme con ese mensaje. No hacerlo era de cobardes, de no cumplir con los deberes a los que nos comprometemos cuando adquirimos un cargo público, de ser irresponsables, de torcer el ejercicio de la política hasta hacer de ella lo contrario de lo que debe ser.
No, los políticos que se no se ponen detrás de la pancarta contra la violencia de género no son políticos y defraudan, son impostores que cobran de nuestros impuestos para hacernos daño y procurar que vivamos peor. Nada puede avalar ese comportamiento mezquino, mucho menos un discurso de sentir a las víctimas que avergüenza a cualquiera que les oye, que les ve.
Basta de permitir inmoralidades en las instituciones democráticas de España. Basta de blanquear actitudes y discursos perjudiciales para la sociedad. Basta de fascismo institucional.
Nuestra Constitución no permite que se usen los cargos públicos para dañar a la ciudadanía, los poderes políticos, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, deben velar para cumplir la Constitución en todo el territorio nacional.
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