DEMOCRACIA MILITANTE

 DEMOCRACIA MILITANTE

Público.com

Cuando la Constitución de un país como Alemania entiende que uno de los partidos políticos que se presenta a las elecciones es de extrema derecha y presenta argumentación para que no se considere válido, puede ser el primer paso para ilegalizarlo. AfD pide que no se le considere extremista para poder seguir disfrutando de los derechos democráticos que impedirán a los demás en el momento que obtengan algo de poder.

Este hecho es un ejercicio de democracia militante, es decir, la democracia que vigila sus instituciones hasta el punto de prohibir todo lo que la ponga en riesgo. No impide que surjan ideologías, actitudes y sentimientos antidemocráticos, pero al menos blinda con leyes la seguridad democrática de la ciudadanía.

El dilema está servido porque la libertad de expresión es un derecho democrático donde los haya, uno de los básicos de los Derechos Humanos. Pero, los discurso de odio, especialmente hacia las personas inmigrantes no deben tener cabida entre la clase política democrática. En realidad son un delito, nadie debería poder expresarse odiando a estas personas sin recibir un castigo, porque la libertad de expresión no debe vulnerar otros valores básicos como el respeto, la igualdad y la dignidad de los demás.

Los discursos, las palabras, son el vehículo del pensamiento y este el motor de la acción. Hay una íntima relación entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Las Constituciones nacionales enmarcan lo posible y lo que queda fuera del juego democrático.

Ojalá en todos los países se practicara más este tipo de democracia, claro que se necesita un poder judicial auténticamente demócrata, y esto no siempre sucede. Ilegalizar puede sonar a represión, autoritarismo o dictaduras, sin embargo, también forma parte de la democracia si con ello se preservan los valores, los derechos y las garantías democráticas de la ciudadanía. Es un principio lógico evitar que tome el poder un partido racista y xenófobo como lo son los de extrema derecha. Solo pensar en el hecho de volver a vivir en un Estado antidemocrático debe hacer saltar todas las alarmas, todas, también las de la ilegalización.

Aquí, en España, a qué demócrata se le pasa por la cabeza seguir manteniendo asociaciones franquistas, dándoles subvenciones, tratándolas como si persiguieran el bien común, los derechos y dignidad de la ciudadanía española. Pues todavía siguen legales tras cincuenta años. Cuesta mucho pero se debe hacer. La democracia nunca está garantizada por lo que hay que crear métodos para ello, siendo militante.