CONDENADO EL MINISTERIO DE INTERIOR

En 2016 la Guardia Civil, siguiendo el protocolo sobre protección contra la violencia de género, valoró que una mujer maltratada que aportaba partes de lesiones en su denuncia no debía ser protegida porque su marido, quien la asesinó un mes después, no tenía antecedentes. O algo así.

El caso es que los tribunales sentencian indemnizaciones monetarias para la familia de la mujer asesinada, padres e hijos, al estimar que la Guardia Civil cometió un fallo penal.

Esto puede suceder cuando la vida de una persona está en juego. No se debe menospreciar el riesgo ni minusvalorar la circunstancia. Porque si hay errores hay muertes y estas no se pueden indemnizar de ninguna manera. Esos padres e hijos hace cuatro años que no tienen hija ni madre.

¿Por qué no se revisan los protocolos cuando suceden asesinatos machistas cuyas víctimas habían denunciado a sus agresores? ¿por qué no se forma y dota de recursos suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de Violencia de Género?

Desde 2003 se tienen registros de los asesinatos machistas en España. Los datos sirven para muchas cosas pero sobre todo para tener constancia y conciencia de la realidad. No actuar sabiendo lo que pasa es irresponsabilidad criminal.

La sentencia es una buena noticia porque refleja la necesidad de tomarse en serio la violencia contra las mujeres de una vez. Pero es muy lamentable a la vez porque en nuestra sociedad el machismo está institucionalizado perfectamente entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el momento de diseñar un protocolo inútil y especialmente en el momento de NO CREER a la víctima. Esto es lo que se repite una  y mil veces. La palabra de la muer sigue siendo ninguneada así que lleve informes de partes de lesiones.

Desgraciadamente para muchas mujeres esta sentencia no puede hacer nada, están en los cementerios. Sin embargo debe sentar un precedente judicial, ha de convertirse en jurisprudencia que se conozca y estudie en las facultades de Derecho, y sobre todo ha de ser un precedente social, un antes y un después para la ciudadanía y la confianza que le tenemos al Ministerio de Interior. 

No podemos permitir que quienes tienen el deber de velar por nuestra seguridad contribuyan a que las mujeres sigamos siendo asesinadas.